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La ley contra el lavado de dinero cambió. Esto es lo que necesitas saber

Cada vez que abres una cuenta, envías dinero o compras dólares digitales, hay reglas que trabajan en segundo plano para evitar que el sistema se use con dinero de origen ilegal. En México, la ley que se encarga de esto es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado o LFPIORPI.

Durante años esa ley casi no se movió. Pero el 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que la reforma, y entró en vigor al día siguiente. La idea detrás es sencilla. México quiere jugar con las mismas reglas que el resto del mundo, y por eso la reforma busca atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que marca la pauta global en la lucha contra el lavado de dinero.

Conocer a la persona real detrás de cada operación

Uno de los grandes cambios es que ya no basta con saber a nombre de quién está una cuenta. Ahora hay que saber quién se beneficia de verdad. La ley llama a esta persona “beneficiario controlador”, y la reforma deja claro que es lo mismo que el “beneficiario final” o “propietario real”. Incluso las empresas tendrán que identificar y registrar a su beneficiario controlador, para que nadie pueda esconderse detrás de una sociedad.

La reforma también pone más atención en las personas que ocupan o han ocupado cargos públicos importantes, conocidas como Personas Políticamente Expuestas. Ahora existe la obligación de identificarlas y dar seguimiento a sus operaciones.

Qué cambia con los activos virtuales

Si usas dólares digitales u otros activos virtuales, hay tres cambios que vale la pena conocer.

El primero es que la ley ya no se detiene en la frontera. Ahora también cuentan las operaciones con mexicanos que se hagan desde otro país. Una plataforma extranjera que da servicio a mexicanos también queda dentro del alcance de la ley.

El segundo es que el monto que obliga a reportar una operación a la autoridad bajó bastante. La ley mide estos montos en UMA, una unidad que se actualiza cada año. El umbral pasó de 645 a 210 UMA por operación, y con la UMA de 2026 en $117.31 pesos diarios, eso equivale a pasar de cerca de 75,700 pesos a unos 24,600 pesos.

El tercero es que la información viaja con el dinero. Las plataformas deberán conservar los datos de quién envía, quién recibe y, en su caso, quién está realmente detrás de cada operación con activos virtuales, algo que en las transferencias bancarias internacionales se hace desde hace años.

Más cuidado del lado de las empresas

La reforma también pide más a las empresas que trabajan en actividades con mayor riesgo de lavado. Ahora deben guardar la información de sus clientes por diez años, el doble que antes, usar sistemas automatizados para vigilar las operaciones de forma continua, capacitar a su equipo cada año y pasar por auditorías. Si algo parece sospechoso, tienen que avisar a la autoridad en un plazo de 24 horas, aunque la operación no se haya realizado.

Cuándo empieza todo esto

Una ley así no se aplica de un día para otro. Primero llegaron los cambios a su reglamento, que entraron en vigor el 28 de marzo de 2026. Después, el 7 de agosto de 2026 se publicaron las reglas que explican cómo deben cumplirse las nuevas obligaciones, que entran en vigor el 30 de noviembre de 2026. Muchas de esas obligaciones se irán activando poco a poco a lo largo de 2027 y 2028.

Qué significa para ti

Es probable que notes más preguntas al usar plataformas de activos virtuales. Verificaciones de identidad más completas, preguntas sobre el origen de tu dinero o datos de la persona a quien le envías. Puede sentirse como un paso extra, pero es parte de lo que hace que un mercado sea más seguro y confiable.

La reforma deja un mensaje claro. Los activos virtuales ya forman parte del sistema financiero formal, con las mismas reglas de cuidado que el resto. Y eso es una buena noticia para todos los que los usan.



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